“Las amenazas a la democracia se combaten
con más democracia, no con represión”
Javier Sicilia
Los recientes acontecimientos, derivados de la apropiación y uso de las redes sociales (social networking) y otras herramientas de comunicación digital con fines reivindicatorios de derechos ciudadanos –también llamado ciberactivismo- han desencadenado movimientos sociales en diversas regiones geopolíticas de mundo y puesto al descubierto el carácter autoritario de la clase gobernante contra quienes se dirigen las protestas; así se pueden enumerar los casos de países en los cuales, ante este tipo de manifestaciones, los gobiernos han buscado suprimir, interrumpir o censurar los servicios de mensajería móvil, redes sociales y/o palabras claves a través de la red, eso ocurrió en Egipto, Túnez, Inglaterra, Bielorrusia, Grecia, Chile; está ocurriendo actualmente en China y otros países.
Se ha dicho muchas veces que los orígenes del descontento son las condiciones especificas que en cada país denuncian los ciudadanos, van desde la falta de los más elementales satisfactores como el empleo, vivienda, salud, educación, seguridad, hasta aquellas en las que las protestas son por la falta de espacios de participación ciudadana, la insatisfacción de la democracia representativa, la defensa de los derechos humanos, corrupción, etc. Las redes sociales logran contactar a todos aquellos que de alguna manera se han permitido la posibilidad de opinar, denunciar y proponer, generando las inercias necesarias para la realización de actividades organizativas.
Con el uso de las herramientas de la comunicación digital y el apoyo de la red, el control de la información usada, tradicionalmente, por los gobiernos parece ya no ser tan efectiva, en especial cuando las personas resuelven volverse fuente de información y noticia; cuando tienen la posibilidad real de una mostrar una situación o condición humana, que no siempre están dispuestos a difundir los medios masivos. Esta nueva realidad tampoco es aceptada en México, sobretodo por algunos gobernadores de los estados o titulares de organismos quienes perecen haber emprendido una cruzada para criminalizar a usuarios de usuarios de redes sociales como en los casos que a continuación menciono:
Chiapas: El 3 de noviembre de 2010 Héctor Aníbal Bautista Flores, trabajador del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas (CONECULTA), fue detenido sin orden de aprehensión por elementos de Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), así lo denunciaron sus amigos y familiares. Las autoridades informaron que la detección se realizó por los delitos de asociación delictiva, pornografía infantil, contra la moral pública y ejercicio ilegal del servicio público, al recibir, supuestamente, una denuncia anónima. Naturalmente, la reacción –principalmente de la organización Chiapa Tuit Net-fue de apoyo al detenido y repudio a las prácticas represivas en contra de periodistas y usuarios de redes sociales.
Tabasco: La cámara de diputados, por unanimidad, acordó la modificación del artículo 312 bis del Código Penal del Estado, el diputado priista José Dolores Espinoza May, señaló que para los efectos de la reforma, que entre los medios de comunicación se consideran las redes sociales, el artículo textualmente dice “A quien utilice el servicio telefónico o cualquier medio de comunicación masiva para dar aviso de alarma o emergencia falsa, provocando con ello la movilización o presencia de servicios de emergencia o cuerpos de seguridad pública, o provoque caos o inseguridad social, se impondrá prisión de seis a dos años y de cincuenta a trescientos días de multa”. Esta medida es fuertemente cuestionada por académicos, periodistas, universitarios, comunicólogos, activistas y lideres políticos porque limita la libertad de expresión y advierten que puede ser usada la persecución política.
Veracruz: Con 33 votos a favor y 13 en contra, el Congreso del Estado, aprobó la iniciativa enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, de reformas al Código Penal de Veracruz, conocida como Ley Duarte, que adiciona elementos para tipificar el delito denominado Perturbación del Orden Público, por los que serán juzgados Gilberto Martínez Vera (@gilius_22) y María de Jesús Bravo Pagola (@maruchibravo), detenidos el 26 de agosto, por agentes la Procuraduría General de Justicia en Veracruz (PGJV), contra quienes de dictó ha auto de formal prisión por su probable responsabilidad de los delitos de terrorismo equiparado y sabotaje.
Estado de México: El presidente del Instituto Electoral del Estado de México IEEM, Jesús Castillo Sandoval, con el argumento de la dificultad que existe en la aplicación de sanciones en caso de descalificaciones y/o denostaciones a través de las redes sociales, entre candidatos durante las contiendas electorales, pidió a los legisladores del Congreso del Estado regular el uso de Facebook y Twitter por parte de los partidos políticos. Estos hechos motivaron que el legislador Rodrigo Pérez Alonso González, presidente la Comisión de Acceso Digital de la Cámara de Diputados, atendiera en audiencia a grupos de witeros, quienes externaron su preocupación, coincidiendo ambos que los intentos del Instituto Electoral por restringir el acceso de los políticos a medios digitales significa bloquear la comunicación entre éstos y la ciudadanía.
En los caso de los Estados de Tabasco y Veracruz, la medida obedece a la difusión de “rumores” a través de la red, lo que implica criminalizar a los usuarios y atribuir a las redes sociales el efecto de la alarma social sin consideración alguna a los altísimos niveles de violencia existente en todo el territorio nacional, otro elemento que no se toma en cuenta es que los rumores únicamente surten efectos cuando existe un vacio de información y que en los ambos casos son atribuibles a los gobiernos de esas entidades. Además que en Veracruz los medios de comunicación locales también difundieron y potenciaron la información –o el rumor- sin corroborar debidamente las fuentes, tal como corresponde hacerlo el periodismo profesional, al que no está obligado no el denominado periodismo ciudadano, acreditado como derecho en diversas disposiciones internacionales.
La amenaza y la tentación de criminalizar a usuarios de la las redes sociales está presente en otras entidades del México, así lo ha denunciado el senador de PRD Francisco Castellón Fonseca y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores.
Las reacciones, en general, tanto a nivel nacional, como internacional, ante esta ola represiva proveniente de entidades con gobernantes conservadores, han sido de rechazo a las medidas tomadas y condena por la detención de twiteros por organismos humanitarios y cada vez son mayores las presiones ciudadanas y de ultima hora se sabe –de fuentes periodísticas- que María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, fueron puestos en libertad como consecuencia del retiro de todos los cargos por parte de la Procuraduría General de Justicia.
Artículo publicado en la Revista Cosmopolitik
