Contra la judicialización de los medios
A los ciudadanos, soberanos de México.
Diversas organizaciones ciudadanas y vecinales deploramos el editorial publicado por EL INFORMADOR el pasado viernes.
Marchas, manifestaciones, plantones, bloqueo de calles, cierre de carreteras, toma de tribunas; a veces en forma pacífica, otras con violencia... Este tipo de movimientos de inconformidad ciudadana y vecinal efectivamente se ha generalizado en todo el país, con razones justificadas.
Hablemos de Jalisco y de razones justificadas: los afectados ambientales del Río Santiago y de Temacapulín, la construcción de Arcediano, el proyecto Ciudadela, la aprobación del código urbano, el nombramiento a modo de todos los presidentes de los organismos ciudadanos (CEDH, IEPC, ITEI, CESJAL, PRODEUR), afectación de bosques y áreas protegidas, la opacidad en Congreso, partidos políticos y Universidad pública, movilidad integral sustentable, el chinguen a su madre.
No aceptamos la afirmación de que no tenemos mayor motivo que estar en contra de todo. Su análisis intenta estigmatizar la activación legítima; es una oda a la indiferencia y una invitación clara a más violencia.
Sabemos que partidos políticos e intereses económicos intentan permear lo ciudadano y vecinal. Su objetivo puede ser hacerse notar, buscar presencia mediática, lograr fines particulares. Sin embargo esto no es justificación para el uso de la fuerza bruta. Nos solidarizamos con los golpeados e ilegalmente detenidos vengan de donde vengan.
Ejemplos de legítima activación ya vimos, hay muchos, y la opinión pública sin duda, los recordará. Nuestra Carta Magna define antes de las garantías individuales, la Soberanía de la Nación, la cual pertenece a los ciudadanos (el pueblo). La incapacidad de los poderes del Estado y los niveles de gobierno para deliberar y consensuar las grandes decisiones que le urgen a Jalisco para vivir en armonía, prosperidad y sustentabilidad hace que muchos ciudadanos ejerzamos la soberanía.
Hemos intentado de todo: procesos legales impecables, participado en foros y mesas con propuestas concretas, diálogo con el legislativo y con académicos, hemos apelado a organismos nacionales e internacionales. Nada ha servido y podemos evidenciar decenas de ejemplos concretos. Decenas. La cancha en la que interactuamos políticos y ciudadanos está claramente desnivelada a su favor. Eso intensifica la protesta, se ejerce el legítimo uso del derecho a manifestarse, sin ninguna intención de afectar o lesionar a terceros. Culpable es quien en lugar de deliberación pública, golpea.
Es falso que en la mayoría de las protestas haya gente “profesional” de las manifestaciones y agitadores que lideran. Lo que buscan es desviar la atención ante lo inobjetable: Jalisco no va bien. Lo que daña a la sociedad es el secuestro de las decisiones públicas. Es inexplicable e inaceptable que un medio de comunicación tan tradicional invite a la autoridad a: que proceda, haciendo uso de sus facultades legales, para ponerles un freno y evitar así que continúen dañando a la sociedad.
Toda vez que El Informador difundió nombres de líderes sociales que le preocupan al gobierno del Estado, las asociaciones firmantes nos dirigimos a los actores políticos, económicos y sociales que nos preocupan a nosotros: Emilio González Márquez, Francisco Ramírez Acuña, Fernando Guzmán Pérez Peláez, Luis Carlos Nájera, , Herbert Taylor, Raúl Padilla López, Alfredo Barba Hernández, Guadalupe Madera Godoy, Rafael Yerena, Javier Gutiérrez Treviño, Carlos Álvarez del Castillo Gregory y quienes están supeditados a sus intereses. Son ustedes los que ejercen el poder real en el Estado. Ustedes tienen la obligación de detener la criminalización de la protesta y de abrir canales eficientes y permanentes de deliberación que permita a las ciudadanas y los ciudadanos participar en la construcción de lo público.
No habrá democracia plena sin medios de comunicación independientes. La obligación de todos es construir en paz. La espiral de represión debe parar de inmediato.
martes, 20 de octubre de 2009
lunes, 19 de octubre de 2009
Educación, fundamental para construir sociedades democráticas
Educación, fundamental para construir sociedades democráticas
Teresa González Luna Corvera / Consejera electoral
Conferencia leída por Rafael Lucero Ortiz, en representación de la autora, durante la mesa redonda Fortalecimiento de la democracia desde la educación, que formó parte del programa de la FILU.
El tema que nos convoca nos anima a tejer nuevos horizontes de sentido que ponen en el centro a individuos y colectivos como sujetos de derechos y responsabilidades en su calidad de ciudadanos, esto es, de miembros activos de su comunidad política y social. El tema de la ciudadanía es central y controvertido en nuestras sociedades actuales. Su resignificación no se puede limitar a la atención de molestas o atractivas coyunturas, ni responde a una moda pasajera o a pretextos para crear adhesiones emotivas. Por el contrario, alude a la recuperación de la política como capacidad propia de los ciudadanos, es decir, a la capacidad de generar proyectos transformadores de la realidad.
Atreverse a pensar en la política, “en la conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado” (1) significa, entre otras cosas, preguntarse sobre el papel de la cultura, especialmente de la educación, en los procesos de constitución de las subjetividades contemporáneas y sobre los problemas que forman parte de la vida cotidiana de nuestras sociedades (violencia, exclusión, corrupción, pobreza, miedos). En otras palabras, atreverse a pensar en la política y la educación ciudadana supone adentrarse en lo cultural, en el lugar de la construcción del sentido de la vida, y trascender las urgencias del presente y el debate centrado en los ropajes democráticos y en las situaciones políticas coyunturales, para hablar con libertad y explorar la misma esencia de lo político y su importancia. Se trata de asomarse al futuro y preguntarse por la clase de mundo que se quiere construir y por lo que cabe esperar.
Pensar en la política, la democracia y la educación implica, desde mi punto de vista, colocarnos en el eje de los derechos ciudadanos desde su integralidad y reivindicar la educación como derecho social desde la ciudadanía, no sólo desde la condición social de los habitantes de un territorio determinado.(2) Supone, asimismo, introducirnos en la dimensión subjetiva de la política y considerar que las personas y los grupos sociales no son simplemente moldeados por las condiciones estructurales, sino que ellos dan sentido propio a las condiciones que estructuran sus vidas en multiplicidad de situaciones. Significa, pues, concebir que la ciudadanía no se restringe a un status jurídico o condición jurídico-política básica del individuo dentro de un Estado, sino que es también una práctica social, esto es, una práctica de compromiso orientada a la participación en el ámbito público que demanda una mayor implicación de los ciudadanos en la esfera política.
Ahora bien, una concepción amplia e integral de la ciudadanía supone contar con un concepto amplio de democracia y evitar su acotamiento electoral. La integralidad radica en el reconocimiento, promoción, ejercicio y exigibilidad del conjunto de derechos ciudadanos: los civiles, los político-electorales y los económicos, sociales y culturales. Desde esta perspectiva, los derechos político-electorales no pueden entenderse como separados de las otras constelaciones de derechos, pues el ejercicio pleno de un tipo de derechos depende de la efectividad de los otros. En otras palabras, los derechos políticos cobran total sentido en su interdependencia con todos los derechos ciudadanos, los cuales no se entienden ni se ejercen de manera aislada y su ejercicio conlleva la exigibilidad de otros derechos fundamentales.
La emergencia de la ciudadanía, como bien apunta López Jiménez, supone un cambio en la perspectiva de la relación fundamental entre gobernantes y gobernados(3). Éstos desarrollan un conjunto de derechos y responsabilidades; el Estado los reconoce como sujetos de derechos (en sus constituciones, leyes e instituciones) y ha de garantizar su ejercicio, lo que significa un cambio en las relaciones de autoridad en lo político, cultural, jurídico, ético, económico y social. Pero el problema ahora no radica en el fundamento de los derechos, sino en la garantía de su ejercicio, o sea, en su traducción efectiva en prácticas ciudadanas.
Todo proceso político, particularmente los procesos de democratización, está sometido a distintas tensiones entre el pasado (duración) y el futuro (construcción del mañana); el manejo de lo necesario y de lo posible; el conflicto y el consenso; una dimensión normativa e ideal de democracia y la experiencia concreta de las prácticas ciudadanas reales; el reconocimiento universal de los derechos ciudadanos y el ejercicio limitado de los mismos, entre otras tensiones propias de la política.
Lo cierto es que la democracia que tenemos es nuestra y exige una evaluación democrática para empujarla hacia delante, a partir de una concepción de la democracia basada en la ciudadanía. Para hablar de calidad de la democracia hay que preguntarnos por la ciudadanía, por sus condiciones de vida que hacen o no posible el ejercicio pleno de sus derechos –de todos sus derechos–, particularmente a la educación. El orden democrático aparece ahora asociado no solamente a mejores reglas de representación política, sino también a resultados sociales, lo que revela una conexión estrecha entre democracia y equidad social.
En efecto, hoy los ciudadanos descubrimos que la democracia puede ser aplicada en otros campos de los tradicionalmente esperados, como el electoral; generamos nuevas aspiraciones y expectativas sobre su funcionamiento y la valoramos con base en nuestra experiencia cotidiana como ciudadanos. En este sentido, más allá de lo electoral, incluso más que un atributo general de todo el sistema político, la calidad de la democracia tiene que ver con el efecto acumulado del desempeño institucional y de la actividad de los ciudadanos en múltiples áreas y esferas públicas.
En la actualidad, es imposible referirnos a los temas de la calidad de la democracia, de la educación y de la política sin considerar el contexto en el que ocurren los procesos de democratización social y política. Para efectos prácticos, de intervención educativa dirigida a la formación del capital social que requiere la democracia para gestarse, sostenerse y profundizarse, es necesario trascender los abordajes abstractos para arribar a consideraciones contextuales y empíricas, a las realidades que expresan situaciones de discriminación, exclusión, desigualdad, marginación y negación de los derechos fundamentales, en las que operan las categorías de la diferencia social.
Asimismo, la realidad nos obliga a considerar los distintos circuitos en los que se construyen y funcionan las instituciones de la democracia y tienen lugar las complejas relaciones entre ellas y la sociedad. No podemos ignorar, pues, que son los escenarios concretos los que permiten observar y transformar el vínculo y las relaciones específicas entre los ciudadanos y el sistema político, identificar las singularidades y posibilidades de las instituciones políticas y dar cuenta de los procesos de democratización en la sociedad, en su temporalidad y espacialidad.
Frente al actual panorama de una política desarraigada de sus implicaciones cotidianas, vitales y grupales, a lo que Norbert Lechner se refería como pérdida de la centralidad de la política y erosión de los mapas interpretativos de la realidad, emergen preocupaciones e interrogantes en torno a la construcción de la ciudadanía del presente y del futuro de México. Se entrelazan y acumulan percepciones, datos, reflexiones teóricas y constataciones empíricas poco alentadoras, sobre todo cuando apostamos por el orden democrático y el ejercicio pleno de las ciudadanías: el “analfabetismo democrático”; la decadencia de los partidos políticos; la ruina del capital social y el debilitamiento de los vínculos sociales y del compromiso cívico; el desencanto hacia la política y los políticos; el malhumor y el descrédito de la política junto con el déficit pedagógico y de socialización.
En esta época de desencanto frente a la política y de dificultades, la ciudadanía nos exige, en primer lugar, reconocer que la desafección hacia la democracia tiene que ver con las formas de hacer política, las cuales a su vez derivan, en buena medida, de los modos de pensar la política; en segundo lugar, priorizar los temas de la cultura política democrática, las prácticas ciudadanas y la formación de la voluntad ciudadana, sobre todo cuando pensamos en la consolidación de la democracia en nuestro país y, por tanto, en la exigencia de ciudadanos participativos que den sentido.
La dimensión subjetiva de la política importa y mucho; ofrece a los ciudadanos la oportunidad de reconocer su experiencia cotidiana como parte de la vida en sociedad y la vinculación entre la biografía personal (intereses, creencias, emociones e imágenes) y la política. En suma, esta dimensión refiere la imbricación de la experiencia subjetiva y el orden político. Sin embargo, observamos que la dimensión de lo público aparece como un universo ajeno y poco confiable, junto con múltiples e inquietantes déficit asociados con el atraso cívico y cultural que existe en nuestro tejido social.
Desde este nexo complejo entre política, democracia y educación, comparto la idea de que la educación es un hecho político que puede contribuir a la transformación social y cultural y que, como proceso dinámico, desborda los límites de los aprendizajes formales para vincularse prácticamente a la realidad social y política con una intencionalidad transformadora. Lo cierto es que la educación se mueve fundamentalmente en el terreno de la producción simbólica, esto es, de la cultura; en esa medida, juega un papel crucial en el proceso de construcción de las ciudadanías y le corresponde dotar de densidad simbólica a la política, es decir, de símbolos para crear y fortalecer lazos de pertenencia e identificación con la democracia.
Por otra parte, el vínculo entre la política, la democracia y la educación exige abordar la relación existente entre la ciudadanía y la desigualdad social, y valorar el papel clave de la educación en la disminución de las desigualdades, de las desigualdades que produce la misma ciudadanía al tratar de homogeneizar las diferencias de diverso tipo para imponer su universalidad. Se precisa, pues, considerar las formas en que la desigualdad determina un acceso diferenciado a los derechos y a las prácticas ciudadanas.
El proceso de construcción de la democracia tiene que ver con los niveles de construcción de la ciudadanía, no sólo con el perfeccionamiento de las leyes que rigen los espacios políticos. Por sus mismos fundamentos, la democracia requiere de las energías de los ciudadanos para que contribuyan a su sostenimiento y profundización. Dicho en otras palabras, no hay democracia que se sostenga con firmeza y permanencia sin una base ciudadana enterada e interesada en la «cosa pública», es decir, en sus instituciones, actores, problemas, proyectos y aspiraciones.
La construcción de ciudadanías demanda una tarea educativa forjadora de ciudadanos interesados y responsables, de personas que comprendan que los problemas sociales son de todos y nos afectan a todos. Es necesario formar a la ciudadanía no sólo en el conocimiento de sus derechos, sino sobre todo en la participación y en el ejercicio de la razón y la deliberación asociada a lo público, de manera que se pueda ligar el ejercicio de los derechos ciudadanos con el compromiso de los individuos y grupos con el destino de la sociedad.
Hay que tener en cuenta que, como todo concepto, la ciudadanía es una construcción social y en esa medida es importante conocer las ideas que la fundan y las condiciones materiales e institucionales que la soportan. Como práctica, y referido al ciudadano que ejerce sus derechos, la ciudadanía también implica un proceso de formación que arranca en las primeras etapas de socialización política del individuo y se desarrolla durante la vida en común.
El hecho democrático pasa, de manera obligada, por la formación y la acción de ciudadanos capaces de asumir un papel activo en la sociedad. De ahí que se requiera de un trabajo cívico que asuma que lo cívico siempre hace referencia al reino de lo público y que garantice que los derechos ciudadanos se conviertan en una realidad social palpable. Desde mi punto de vista, en sintonía con las reflexiones previas, es indispensable impulsar estrategias de educación cívica basadas en el desarrollo de competencias y de capacidades de los ciudadanos y futuros ciudadanos para actuar en el contexto de una esfera pública plural, que:
· Promuevan y construyan condiciones que alienten y favorezcan una participación ciudadana intensa, responsable, informada y crítica en torno a los asuntos de interés público. Se trata de la formación de ciudadanos que contribuyan al funcionamiento de la democracia, con capacidad de intervenir e influir efectivamente en ella y con un interés sostenido por la vida pública en el curso del tiempo.
· Formen ciudadanos dispuestos y capaces tanto de formular y gestionar sus demandas por los cauces institucionales como de resolver conflictos en el marco del Estado de derecho.
· Contribuyan a transformar la información en conocimiento y el conocimiento en acción, en una sociedad en la que su pluralidad exige el tolerante tratamiento de la diversidad y de las diferencias.
· Recuperen la dimensión creativa del ser humano, uno de los rasgos que nos hacen sentir la excelencia de sus capacidades y la magnitud de sus posibilidades, y logren conjugar la acción política y la acción pedagógica en el terreno de la innovación.
· Habiliten a las personas para ejercer sus derechos ciudadanos y responsabilidades públicas, esto es, para participar en las decisiones y proyectos que se asumen desde la vida política y social.
· Pongan a dialogar la dimensión de los derechos y la dimensión de las responsabilidades ciudadanas.
· Generen conocimientos renovados, susceptibles de ser incorporados con éxito en la agenda de la educación cívica.
· Recuperen la política como capacidad propia de los ciudadanos.
La formación de la ciudadanía, en un proceso siempre inacabado, acompaña necesariamente las transformaciones democráticas y la renovación de nuestra cultura política. No sólo es deseable, sino que recae en el apremiante y exigente campo de las necesidades, el desarrollo y la afinación de las capacidades de intervención de los ciudadanos en la esfera pública. «Nosotros» y los «otros» son un asunto de la democracia, de la política y de la educación, de la convivencia democrática y del régimen democrático. En esto radica su sentido: en la naturaleza de lo diferente, en la recreación de la pluralidad y en el reconocimiento de la diversidad.
Notas
1. Norbert Lechner, Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la política, LOM ediciones, Santiago deChile, 2002, p. 8.
2. Los derechos sociales tienen que ver con la participación en el bienestar producido por la colectividad.
3. Sinesio López Jiménez, Ciudadanos reales e imaginarios. Concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú, Instituto de Diálogo y Propuestas, Lima, 1997.
Julio-Septiembre 2005, Nueva época No. 91-93 Xalapa • Veracruz • México Publicación Trimestral/Gaceta de la Universidad Veracruzana
Teresa González Luna Corvera / Consejera electoral
Conferencia leída por Rafael Lucero Ortiz, en representación de la autora, durante la mesa redonda Fortalecimiento de la democracia desde la educación, que formó parte del programa de la FILU.
El tema que nos convoca nos anima a tejer nuevos horizontes de sentido que ponen en el centro a individuos y colectivos como sujetos de derechos y responsabilidades en su calidad de ciudadanos, esto es, de miembros activos de su comunidad política y social. El tema de la ciudadanía es central y controvertido en nuestras sociedades actuales. Su resignificación no se puede limitar a la atención de molestas o atractivas coyunturas, ni responde a una moda pasajera o a pretextos para crear adhesiones emotivas. Por el contrario, alude a la recuperación de la política como capacidad propia de los ciudadanos, es decir, a la capacidad de generar proyectos transformadores de la realidad.
Atreverse a pensar en la política, “en la conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado” (1) significa, entre otras cosas, preguntarse sobre el papel de la cultura, especialmente de la educación, en los procesos de constitución de las subjetividades contemporáneas y sobre los problemas que forman parte de la vida cotidiana de nuestras sociedades (violencia, exclusión, corrupción, pobreza, miedos). En otras palabras, atreverse a pensar en la política y la educación ciudadana supone adentrarse en lo cultural, en el lugar de la construcción del sentido de la vida, y trascender las urgencias del presente y el debate centrado en los ropajes democráticos y en las situaciones políticas coyunturales, para hablar con libertad y explorar la misma esencia de lo político y su importancia. Se trata de asomarse al futuro y preguntarse por la clase de mundo que se quiere construir y por lo que cabe esperar.
Pensar en la política, la democracia y la educación implica, desde mi punto de vista, colocarnos en el eje de los derechos ciudadanos desde su integralidad y reivindicar la educación como derecho social desde la ciudadanía, no sólo desde la condición social de los habitantes de un territorio determinado.(2) Supone, asimismo, introducirnos en la dimensión subjetiva de la política y considerar que las personas y los grupos sociales no son simplemente moldeados por las condiciones estructurales, sino que ellos dan sentido propio a las condiciones que estructuran sus vidas en multiplicidad de situaciones. Significa, pues, concebir que la ciudadanía no se restringe a un status jurídico o condición jurídico-política básica del individuo dentro de un Estado, sino que es también una práctica social, esto es, una práctica de compromiso orientada a la participación en el ámbito público que demanda una mayor implicación de los ciudadanos en la esfera política.
Ahora bien, una concepción amplia e integral de la ciudadanía supone contar con un concepto amplio de democracia y evitar su acotamiento electoral. La integralidad radica en el reconocimiento, promoción, ejercicio y exigibilidad del conjunto de derechos ciudadanos: los civiles, los político-electorales y los económicos, sociales y culturales. Desde esta perspectiva, los derechos político-electorales no pueden entenderse como separados de las otras constelaciones de derechos, pues el ejercicio pleno de un tipo de derechos depende de la efectividad de los otros. En otras palabras, los derechos políticos cobran total sentido en su interdependencia con todos los derechos ciudadanos, los cuales no se entienden ni se ejercen de manera aislada y su ejercicio conlleva la exigibilidad de otros derechos fundamentales.
La emergencia de la ciudadanía, como bien apunta López Jiménez, supone un cambio en la perspectiva de la relación fundamental entre gobernantes y gobernados(3). Éstos desarrollan un conjunto de derechos y responsabilidades; el Estado los reconoce como sujetos de derechos (en sus constituciones, leyes e instituciones) y ha de garantizar su ejercicio, lo que significa un cambio en las relaciones de autoridad en lo político, cultural, jurídico, ético, económico y social. Pero el problema ahora no radica en el fundamento de los derechos, sino en la garantía de su ejercicio, o sea, en su traducción efectiva en prácticas ciudadanas.
Todo proceso político, particularmente los procesos de democratización, está sometido a distintas tensiones entre el pasado (duración) y el futuro (construcción del mañana); el manejo de lo necesario y de lo posible; el conflicto y el consenso; una dimensión normativa e ideal de democracia y la experiencia concreta de las prácticas ciudadanas reales; el reconocimiento universal de los derechos ciudadanos y el ejercicio limitado de los mismos, entre otras tensiones propias de la política.
Lo cierto es que la democracia que tenemos es nuestra y exige una evaluación democrática para empujarla hacia delante, a partir de una concepción de la democracia basada en la ciudadanía. Para hablar de calidad de la democracia hay que preguntarnos por la ciudadanía, por sus condiciones de vida que hacen o no posible el ejercicio pleno de sus derechos –de todos sus derechos–, particularmente a la educación. El orden democrático aparece ahora asociado no solamente a mejores reglas de representación política, sino también a resultados sociales, lo que revela una conexión estrecha entre democracia y equidad social.
En efecto, hoy los ciudadanos descubrimos que la democracia puede ser aplicada en otros campos de los tradicionalmente esperados, como el electoral; generamos nuevas aspiraciones y expectativas sobre su funcionamiento y la valoramos con base en nuestra experiencia cotidiana como ciudadanos. En este sentido, más allá de lo electoral, incluso más que un atributo general de todo el sistema político, la calidad de la democracia tiene que ver con el efecto acumulado del desempeño institucional y de la actividad de los ciudadanos en múltiples áreas y esferas públicas.
En la actualidad, es imposible referirnos a los temas de la calidad de la democracia, de la educación y de la política sin considerar el contexto en el que ocurren los procesos de democratización social y política. Para efectos prácticos, de intervención educativa dirigida a la formación del capital social que requiere la democracia para gestarse, sostenerse y profundizarse, es necesario trascender los abordajes abstractos para arribar a consideraciones contextuales y empíricas, a las realidades que expresan situaciones de discriminación, exclusión, desigualdad, marginación y negación de los derechos fundamentales, en las que operan las categorías de la diferencia social.
Asimismo, la realidad nos obliga a considerar los distintos circuitos en los que se construyen y funcionan las instituciones de la democracia y tienen lugar las complejas relaciones entre ellas y la sociedad. No podemos ignorar, pues, que son los escenarios concretos los que permiten observar y transformar el vínculo y las relaciones específicas entre los ciudadanos y el sistema político, identificar las singularidades y posibilidades de las instituciones políticas y dar cuenta de los procesos de democratización en la sociedad, en su temporalidad y espacialidad.
Frente al actual panorama de una política desarraigada de sus implicaciones cotidianas, vitales y grupales, a lo que Norbert Lechner se refería como pérdida de la centralidad de la política y erosión de los mapas interpretativos de la realidad, emergen preocupaciones e interrogantes en torno a la construcción de la ciudadanía del presente y del futuro de México. Se entrelazan y acumulan percepciones, datos, reflexiones teóricas y constataciones empíricas poco alentadoras, sobre todo cuando apostamos por el orden democrático y el ejercicio pleno de las ciudadanías: el “analfabetismo democrático”; la decadencia de los partidos políticos; la ruina del capital social y el debilitamiento de los vínculos sociales y del compromiso cívico; el desencanto hacia la política y los políticos; el malhumor y el descrédito de la política junto con el déficit pedagógico y de socialización.
En esta época de desencanto frente a la política y de dificultades, la ciudadanía nos exige, en primer lugar, reconocer que la desafección hacia la democracia tiene que ver con las formas de hacer política, las cuales a su vez derivan, en buena medida, de los modos de pensar la política; en segundo lugar, priorizar los temas de la cultura política democrática, las prácticas ciudadanas y la formación de la voluntad ciudadana, sobre todo cuando pensamos en la consolidación de la democracia en nuestro país y, por tanto, en la exigencia de ciudadanos participativos que den sentido.
La dimensión subjetiva de la política importa y mucho; ofrece a los ciudadanos la oportunidad de reconocer su experiencia cotidiana como parte de la vida en sociedad y la vinculación entre la biografía personal (intereses, creencias, emociones e imágenes) y la política. En suma, esta dimensión refiere la imbricación de la experiencia subjetiva y el orden político. Sin embargo, observamos que la dimensión de lo público aparece como un universo ajeno y poco confiable, junto con múltiples e inquietantes déficit asociados con el atraso cívico y cultural que existe en nuestro tejido social.
Desde este nexo complejo entre política, democracia y educación, comparto la idea de que la educación es un hecho político que puede contribuir a la transformación social y cultural y que, como proceso dinámico, desborda los límites de los aprendizajes formales para vincularse prácticamente a la realidad social y política con una intencionalidad transformadora. Lo cierto es que la educación se mueve fundamentalmente en el terreno de la producción simbólica, esto es, de la cultura; en esa medida, juega un papel crucial en el proceso de construcción de las ciudadanías y le corresponde dotar de densidad simbólica a la política, es decir, de símbolos para crear y fortalecer lazos de pertenencia e identificación con la democracia.
Por otra parte, el vínculo entre la política, la democracia y la educación exige abordar la relación existente entre la ciudadanía y la desigualdad social, y valorar el papel clave de la educación en la disminución de las desigualdades, de las desigualdades que produce la misma ciudadanía al tratar de homogeneizar las diferencias de diverso tipo para imponer su universalidad. Se precisa, pues, considerar las formas en que la desigualdad determina un acceso diferenciado a los derechos y a las prácticas ciudadanas.
El proceso de construcción de la democracia tiene que ver con los niveles de construcción de la ciudadanía, no sólo con el perfeccionamiento de las leyes que rigen los espacios políticos. Por sus mismos fundamentos, la democracia requiere de las energías de los ciudadanos para que contribuyan a su sostenimiento y profundización. Dicho en otras palabras, no hay democracia que se sostenga con firmeza y permanencia sin una base ciudadana enterada e interesada en la «cosa pública», es decir, en sus instituciones, actores, problemas, proyectos y aspiraciones.
La construcción de ciudadanías demanda una tarea educativa forjadora de ciudadanos interesados y responsables, de personas que comprendan que los problemas sociales son de todos y nos afectan a todos. Es necesario formar a la ciudadanía no sólo en el conocimiento de sus derechos, sino sobre todo en la participación y en el ejercicio de la razón y la deliberación asociada a lo público, de manera que se pueda ligar el ejercicio de los derechos ciudadanos con el compromiso de los individuos y grupos con el destino de la sociedad.
Hay que tener en cuenta que, como todo concepto, la ciudadanía es una construcción social y en esa medida es importante conocer las ideas que la fundan y las condiciones materiales e institucionales que la soportan. Como práctica, y referido al ciudadano que ejerce sus derechos, la ciudadanía también implica un proceso de formación que arranca en las primeras etapas de socialización política del individuo y se desarrolla durante la vida en común.
El hecho democrático pasa, de manera obligada, por la formación y la acción de ciudadanos capaces de asumir un papel activo en la sociedad. De ahí que se requiera de un trabajo cívico que asuma que lo cívico siempre hace referencia al reino de lo público y que garantice que los derechos ciudadanos se conviertan en una realidad social palpable. Desde mi punto de vista, en sintonía con las reflexiones previas, es indispensable impulsar estrategias de educación cívica basadas en el desarrollo de competencias y de capacidades de los ciudadanos y futuros ciudadanos para actuar en el contexto de una esfera pública plural, que:
· Promuevan y construyan condiciones que alienten y favorezcan una participación ciudadana intensa, responsable, informada y crítica en torno a los asuntos de interés público. Se trata de la formación de ciudadanos que contribuyan al funcionamiento de la democracia, con capacidad de intervenir e influir efectivamente en ella y con un interés sostenido por la vida pública en el curso del tiempo.
· Formen ciudadanos dispuestos y capaces tanto de formular y gestionar sus demandas por los cauces institucionales como de resolver conflictos en el marco del Estado de derecho.
· Contribuyan a transformar la información en conocimiento y el conocimiento en acción, en una sociedad en la que su pluralidad exige el tolerante tratamiento de la diversidad y de las diferencias.
· Recuperen la dimensión creativa del ser humano, uno de los rasgos que nos hacen sentir la excelencia de sus capacidades y la magnitud de sus posibilidades, y logren conjugar la acción política y la acción pedagógica en el terreno de la innovación.
· Habiliten a las personas para ejercer sus derechos ciudadanos y responsabilidades públicas, esto es, para participar en las decisiones y proyectos que se asumen desde la vida política y social.
· Pongan a dialogar la dimensión de los derechos y la dimensión de las responsabilidades ciudadanas.
· Generen conocimientos renovados, susceptibles de ser incorporados con éxito en la agenda de la educación cívica.
· Recuperen la política como capacidad propia de los ciudadanos.
La formación de la ciudadanía, en un proceso siempre inacabado, acompaña necesariamente las transformaciones democráticas y la renovación de nuestra cultura política. No sólo es deseable, sino que recae en el apremiante y exigente campo de las necesidades, el desarrollo y la afinación de las capacidades de intervención de los ciudadanos en la esfera pública. «Nosotros» y los «otros» son un asunto de la democracia, de la política y de la educación, de la convivencia democrática y del régimen democrático. En esto radica su sentido: en la naturaleza de lo diferente, en la recreación de la pluralidad y en el reconocimiento de la diversidad.
Notas
1. Norbert Lechner, Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la política, LOM ediciones, Santiago deChile, 2002, p. 8.
2. Los derechos sociales tienen que ver con la participación en el bienestar producido por la colectividad.
3. Sinesio López Jiménez, Ciudadanos reales e imaginarios. Concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú, Instituto de Diálogo y Propuestas, Lima, 1997.
Julio-Septiembre 2005, Nueva época No. 91-93 Xalapa • Veracruz • México Publicación Trimestral/Gaceta de la Universidad Veracruzana
EL EMPODERAMIENTO CIUDADANO A TRAVÉS DE REDES SOCIALES
EL EMPODERAMIENTO CIUDADANO A TRAVÉS DE REDES SOCIALES
Revista: Razón y Palabra
Por Octavio Islas y Arturo Caro
En la breve y fecunda historia de Internet, las remediaciones han sido frecuentes. Entre las remediaciones más significativas destacan la introducción de la web en los primeros años de la década de 1990; el desarrollo de los blogs a finales de la misma década; la afirmación de la “filosofía wiki”, que definitivamente procura la inteligente gestión del conocimiento. Cada remediación de Internet ha introducido nuevos ambientes comunicativos.
La web, generosa aportación de Tim Berners-Lee -quien hoy se desempeña como director del World Wide Web Consortium, y que por cierto se niega rotundamente a reconocer la existencia de la web 2.0-, sin duda alguna aceleró la socialización de Internet.
El cibernauta nativo de la web desarrollada por Berners Lee paulatinamente descubrió en ella prácticas comunicativas que el propio Berners Lee no fue capaz de considerar.
El desarrollo de la Web 2.0 admite ser considerado como auténtico parteaguas histórico en la evolución de Internet, pues impuso importantes cambios en el comportamiento como en los hábitos de consumo cultural de los cibernautas.
En ese proceso el cibernauta ordinario paulatinamente se fue convirtiendo en prosumidor, gracias a la autoaplicación del conocimiento y el conocimiento aplicado a la revolución misma del conocimiento: autología pura.
El desarrollo de la Web 2.0 admite ser considerado como auténtico parteaguas histórico en la evolución de Internet, pues impuso importantes cambios en el comportamiento como en los hábitos de consumo cultural de los cibernautas.
En ese proceso el cibernauta ordinario paulatinamente se fue convirtiendo en prosumidor, gracias a la autoaplicación del conocimiento y el conocimiento aplicado a la revolución misma del conocimiento: autología pura.
Las redes sociales en Internet o Social Networking representan uno de los ambientes comunicativos más emblemáticos de la web 2.0
Los sitios web de redes sociales en Internet permiten crear perfiles de usuario, agregar fotografías, compartir información personal o pública y vincular personas para generar listados de contactos propios.
Para el desarrollo de redes sociales es posible registrarse de forma rápida y gratuita en facebook.com, myspace.com, hi5.com, linkedin.com, orkut.com, entre otros. Lo interesante de los últimos sitios mencionados es la robusta plataforma que presenta la posibilidad de tener un blog y galería fotográfica dentro del mismo perfil que el usuario construya.
Facebook, red social en Internet creada por Mark Zuckerber en 2004, es un servicio digital de intercambio de información y detalles personales en formato de ‘perfil’, en el cual es posible interactuar y socializar con personas de todo el mundo, en grupos o de forma individual.
El usuario promedio de redes sociales en Internet, hoy dispone de decenas de herramientas gratuitas, las cuales le permiten generar contenidos y distribuirlos en su propia red de contactos o ‘amistades’ digitales, propiciando la viralización de sus contenidos.
En los primeros días de agosto de 2008, Facebook logró ubicarse, por encima de MySpace, como la red social en Internet con el mayor número de usuarios.
De acuerdo con información de ComScore,1 Facebook hoy tiene más de 132 millones de usuarios, de los cuales el 62 por ciento se encuentran fuera de Estados Unidos.
Las redes sociales en Internet se han convertido en excelentes foros propiciar el positivo enlace ciudadano, indispensable en toda causa como en problemas comunes. Las redes sociales en Internet han favorecido el empoderamiento de la ciudadanía.
En Colombia, por ejemplo, organizaciones ciudadanas promovieron a través de Facebook, la realización de una gran concentración pública (500 mil personas) el 4 de febrero del año en curso, en la Plaza Bolívar, en Bogotá, para manifestarse contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).2
El movimiento ciudadano Millones de Voces [http://www.millonesdevoces.org/], de nueva cuenta convocaron a una marcha ciudadana, el pasado 20 de julio, para exigir a las FARC la libertad de las personas que mantiene secuestradas.
La generosa imaginación ciudadana ha concebido la posibilidad de utilizar redes sociales, como Facebook, como efectiva plataforma de organización de su trabajo como de la difusión de sus acciones.
La imaginación ciudadana al poder.
Revista: Razón y Palabra
Por Octavio Islas y Arturo Caro
En la breve y fecunda historia de Internet, las remediaciones han sido frecuentes. Entre las remediaciones más significativas destacan la introducción de la web en los primeros años de la década de 1990; el desarrollo de los blogs a finales de la misma década; la afirmación de la “filosofía wiki”, que definitivamente procura la inteligente gestión del conocimiento. Cada remediación de Internet ha introducido nuevos ambientes comunicativos.
La web, generosa aportación de Tim Berners-Lee -quien hoy se desempeña como director del World Wide Web Consortium, y que por cierto se niega rotundamente a reconocer la existencia de la web 2.0-, sin duda alguna aceleró la socialización de Internet.
El cibernauta nativo de la web desarrollada por Berners Lee paulatinamente descubrió en ella prácticas comunicativas que el propio Berners Lee no fue capaz de considerar.
El desarrollo de la Web 2.0 admite ser considerado como auténtico parteaguas histórico en la evolución de Internet, pues impuso importantes cambios en el comportamiento como en los hábitos de consumo cultural de los cibernautas.
En ese proceso el cibernauta ordinario paulatinamente se fue convirtiendo en prosumidor, gracias a la autoaplicación del conocimiento y el conocimiento aplicado a la revolución misma del conocimiento: autología pura.
El desarrollo de la Web 2.0 admite ser considerado como auténtico parteaguas histórico en la evolución de Internet, pues impuso importantes cambios en el comportamiento como en los hábitos de consumo cultural de los cibernautas.
En ese proceso el cibernauta ordinario paulatinamente se fue convirtiendo en prosumidor, gracias a la autoaplicación del conocimiento y el conocimiento aplicado a la revolución misma del conocimiento: autología pura.
Las redes sociales en Internet o Social Networking representan uno de los ambientes comunicativos más emblemáticos de la web 2.0
Los sitios web de redes sociales en Internet permiten crear perfiles de usuario, agregar fotografías, compartir información personal o pública y vincular personas para generar listados de contactos propios.
Para el desarrollo de redes sociales es posible registrarse de forma rápida y gratuita en facebook.com, myspace.com, hi5.com, linkedin.com, orkut.com, entre otros. Lo interesante de los últimos sitios mencionados es la robusta plataforma que presenta la posibilidad de tener un blog y galería fotográfica dentro del mismo perfil que el usuario construya.
Facebook, red social en Internet creada por Mark Zuckerber en 2004, es un servicio digital de intercambio de información y detalles personales en formato de ‘perfil’, en el cual es posible interactuar y socializar con personas de todo el mundo, en grupos o de forma individual.
El usuario promedio de redes sociales en Internet, hoy dispone de decenas de herramientas gratuitas, las cuales le permiten generar contenidos y distribuirlos en su propia red de contactos o ‘amistades’ digitales, propiciando la viralización de sus contenidos.
En los primeros días de agosto de 2008, Facebook logró ubicarse, por encima de MySpace, como la red social en Internet con el mayor número de usuarios.
De acuerdo con información de ComScore,1 Facebook hoy tiene más de 132 millones de usuarios, de los cuales el 62 por ciento se encuentran fuera de Estados Unidos.
Las redes sociales en Internet se han convertido en excelentes foros propiciar el positivo enlace ciudadano, indispensable en toda causa como en problemas comunes. Las redes sociales en Internet han favorecido el empoderamiento de la ciudadanía.
En Colombia, por ejemplo, organizaciones ciudadanas promovieron a través de Facebook, la realización de una gran concentración pública (500 mil personas) el 4 de febrero del año en curso, en la Plaza Bolívar, en Bogotá, para manifestarse contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).2
El movimiento ciudadano Millones de Voces [http://www.millonesdevoces.org/], de nueva cuenta convocaron a una marcha ciudadana, el pasado 20 de julio, para exigir a las FARC la libertad de las personas que mantiene secuestradas.
La generosa imaginación ciudadana ha concebido la posibilidad de utilizar redes sociales, como Facebook, como efectiva plataforma de organización de su trabajo como de la difusión de sus acciones.
La imaginación ciudadana al poder.
Los Mexicanos Después de la Democracia
Los mexicanos después de la democracia/El Sol de Torreón
Por: Luis Rubio
por muchos años, de acuerdo a una encuesta realizada regularmente por uno de los institutos de investigaciones de la UNAM, los mexicanos tenían muy claras sus preferencias y preocupaciones. De acuerdo a la encuesta, los mexicanos aborrecían al Gobierno, eran sumamente escépticos respecto a la oposición y no querían violencia.
A casi cuatro años de concluido el reino del PRI, diversas encuestas muestran cómo han cambiado esas percepciones: ahora los mexicanos aborrecen a los políticos, ya sin distinción, no quieren violencia, pero se sienten entrampados. Los políticos son vistos como seres distantes, concentrados en cosas que no tienen ninguna relación con las preocupaciones de la sociedad; al mismo tiempo, hay impaciencia porque la economía no avanza y se teme que las posibles consecuencias de esta inmovilidad pudieran caer sobre la espalda de la ciudadanía.
Es evidente que la democracia no ha resuelto todos los problemas; lo que no es obvio es qué alternativa existe. El dos de julio de 2000 cambió a México en muchos sentidos, pero no resolvió todos sus problemas, pues ningún evento individual podía hacerlo. El país transitó de una era dominada por el Ejecutivo a una etapa de mayor paridad entre los poderes públicos. A la vez y dada la naturaleza del sistema político anterior, el triunfo de un partido distinto al PRI vino acompañado de un efecto que se podría ilustrar, metafóricamente, con el estallido de una olla express a alta temperatura.
Una vez que los goznes que sostienen la tapa de la olla, todo comienza a cambiar. Las transformaciones han sido múltiples: en la relación entre los gobernadores y la federación y en el activismo de políticos y grupos que antes con dificultad asomaban la cabeza. Por supuesto, mucho de esto ya venía cocinándose; basta recordar el desempeño del Congreso a partir de 1997, cuyo impacto sobre la política mexicana es imposible de minimizar.
En cierta forma, la democracia abrió ingentes oportunidades a los políticos, oportunidades que muchos de ellos jamás imaginaron tener. Éstas, es cierto, no se limitaron exclusivamente al ámbito político: la ciudadanía también obtuvo su parte, pero a cada uno le tocó uno lado distinto del embudo.
El rompimiento del sistema presidencialista transformó la manera de hacer política. El solo hecho de que ahora se manifiesten públicamente decenas de aspirantes (algunos dirían suspirantes) a la Presidencia, es una muestra fehaciente de cuanto ha cambiado. Mientras que en el pasado el presidente se dedicaba a administrar y manipular el proceso político para intentar imponer a su candidato, hoy la disputa entre precandidatos, en todos los partidos, es no sólo pública, sino con frecuencia violenta a un punto que afecta a todo el acontecer nacional, como ilustran las disputas por las candidaturas en los estados y los balazos de la semana pasada.
Por lo que toca al Congreso, diputados y senadores se sienten libres de manifestar sus preferencias, votar según su “conciencia” y oponerse a políticas o iniciativas que antes hubieran sido aprobadas sin chistar. Quizá más significativo sea el hecho de que los políticos pueden demandarse, acudir a la Suprema Corte de Justicia y dirimir sus diferencias a través de un sistema de justicia que, a ese nivel, funciona tal y como lo establece la Constitución: de manera expedita e imparcial.
En otras palabras, la democracia ha florecido de manera prodigiosa en el mundo de los políticos. No hay duda que el fin del presidencialismo también ha beneficiado a la población, aunque de manera muy distinta. Para comenzar, ha desaparecido el abuso máximo: aquel que podía alterar el orden establecido con la fuerza de un plumazo o una declaración.
Se dice fácil, pero la capacidad de modificar todas las variables que afectan a una sociedad de la noche a la mañana, como ocurrió con la expropiación bancaria, es inconcebible en la actualidad. Aunque para el ciudadano común y corriente es difícil asir las implicaciones de este cambio, su importancia no es menor. Pero la democracia también ha venido acompañada de otros cambios significativos que no sólo no han mejorado la calidad de vida de la población, sino que en muchos casos han hecho mucho más onerosa su existencia.
La proliferación de autoridades que se sienten con derechos y, peor, con la necesidad de dejar su marca en el espacio temporal, ha tenido por consecuencia que el ciudadano lidie con múltiples niveles de autoridad para poder resolver un determinado asunto. Mientras que antes la autoridad federal era suprema, hoy un ciudadano tiene que negociar con distintas secretarías, cada una de las cuales le imprime un sesgo y un criterio distinto a sus decisiones, con autoridades autónomas (como podría ser, en el ámbito económico, la Comisión Federal de Competencia), con autoridades estatales y municipales.
Cada una de ellas posee responsabilidades que no siempre se encuentran debidamente deslindadas. En todo caso, el sueño de una ventanilla única para la realización de trámites es cada vez más distante. Por si lo anterior no fuera suficiente, muchas de esas autoridades cuentan con facultades que las convierten en juez y parte, además de que los ministerios públicos son parte del Poder Ejecutivo en cada nivel, lo que deja al ciudadano colgado de la brocha.
La democracia ha traído consigo enormes ventajas, pero con frecuencia también ha dejado al ciudadano atorado en un callejón sin salida. Desde la perspectiva de la sociedad mexicana, el advenimiento de los cambios políticos, tanto los de 1997 como los de 2000, abrió enormes expectativas pero pocas soluciones. La democracia que celebran los políticos no se ha visto reflejada en el ámbito ciudadano y la Reforma Electoral que se discute estos días va a distanciar todavía más a unos de los otros.
Además, todo este proceso de cambio político ha coincidido con una etapa recesiva en la economía que ha evidenciado todas las carencias, deficiencias estructurales e impedimentos que enfrenta el desarrollo económico del país, que no sólo han dejado insatisfechas las expectativas de la población, sino que la han entrampado en interminables círculos viciosos. La ciudadanía siempre ha enfrentado obstáculos para el desarrollo de su vida cotidiana, pero nunca antes se le había hecho una propuesta democrática y sólo ahora vivimos bajo un régimen producto de la alternancia de partidos en el poder.
Una estructura democrática debería incidir sobre la realidad a través de una mejor representación y mayor representatividad de la ciudadanía en el ámbito legislativo. Sin embargo, lo que se ha venido afianzando en nuestro sistema político actual, es una partidocracia que ignora a la ciudadanía, dado que su financiamiento está garantizado y que su estructura la ha hecho inmune al sentir o demandas de la población. En ausencia de un liderazgo visionario y de un Poder Legislativo concentrado en las necesidades de la próxima generación de mexicanos, sólo un cabal Estado de Derecho podría garantizar el interés de la ciudadanía. Nada de eso parece cercano en la actualidad. La combinación de un Congreso paralizado con ejecutivos estatales que, con frecuencia, se comportan más como señores feudales que como gobernantes sujetos a rendición de cuentas y de un Gobierno indeciso y descoordinado, ha socavado las políticas públicas que podrían allanar el camino para la inversión y la creación de empleos, elevar la competitividad del país o conferir de instrumentos a la ciudadanía para elevar sus propias capacidades.
Nada de esto es nuevo, pero todo se ha hecho más difícil luego de 2000. Para colmo, la inseguridad pública, tema que enfrenta a distintos niveles de autoridad gubernamental, y la ausencia de un Poder Judicial que efectivamente sirva a las necesidades de una sociedad que aspira a la modernidad o de una economía que requiere soluciones y acciones expeditas, son también resultado de un proceso de cambio político incompleto, no administrado y propenso a pugnas interminables.
Total que el ciudadano común y corriente, quien debería ser el beneficiario del cambio político, ha acabado siendo el gran perdedor. La situación económica de los últimos años no ha ayudado. Junto a la incapacidad de muchos empresarios, sobre todo de menor tamaño, que no se ajustan a los requerimientos de un mundo competitivo, destaca la inexistencia de programas gubernamentales orientados a ese objetivo y la falta de acción legislativa. Estos factores han profundizado la recesión e impedido una recuperación vigorosa tanto del mercado interno como de las exportaciones. Los miedos entre la población, la sensación de impotencia y la percepción de que todo -el país y las personas- está entrampado y sin salidas, se encuentran a la orden del día. Evidentemente existen salidas que no requieren una imaginación particularmente fecunda, pero el entorno general propicia un ambiente en el cual las salidas no se perciben, en tanto que los obstáculos crecen. Mientras todo esto sucede, los políticos avanzan sus causas prácticamente sin límite.
La pregunta es quién representa a la ciudadanía y se preocupa por sus problemas. La solución que políticos y académicos discuten se resume en una reforma de las instituciones políticas con el objeto de hacerlas efectivas y funcionales. Es decir, modificar la manera en que se eligen e interactúan los legisladores, incentivar la formación de mayorías legislativas y demás, a fin de que sea posible gobernar mejor. En teoría, todo esto tiene sentido y obviamente, es necesario. Sin embargo, a juzgar por las propuestas que han sido verbalizadas recientemente, los políticos no parecen pensar en la ciudadanía ni impulsan un proyecto que logre lo esencial: que todo en el país funcione para beneficio de la población, ya sea en su calidad de votante o ciudadano. Aunque los políticos encabezan las instituciones y se disputan los puestos de (supuesta) representación, ellos no son el país. Así como un maestro no lo es a menos que tenga alumnos, los políticos no están solos. Sin ciudadanos, los gobernantes, al menos en una democracia que se respete, son irrelevantes.
La función objetivo de un Gobierno debe ser la ciudadanía. Y la ciudadanía mexicana se siente y está entrampada por inacción política. Es ahí donde deben ponerse los kilos, pues lo demás es anécdota. www.cidac.org
Por: Luis Rubio
por muchos años, de acuerdo a una encuesta realizada regularmente por uno de los institutos de investigaciones de la UNAM, los mexicanos tenían muy claras sus preferencias y preocupaciones. De acuerdo a la encuesta, los mexicanos aborrecían al Gobierno, eran sumamente escépticos respecto a la oposición y no querían violencia.
A casi cuatro años de concluido el reino del PRI, diversas encuestas muestran cómo han cambiado esas percepciones: ahora los mexicanos aborrecen a los políticos, ya sin distinción, no quieren violencia, pero se sienten entrampados. Los políticos son vistos como seres distantes, concentrados en cosas que no tienen ninguna relación con las preocupaciones de la sociedad; al mismo tiempo, hay impaciencia porque la economía no avanza y se teme que las posibles consecuencias de esta inmovilidad pudieran caer sobre la espalda de la ciudadanía.
Es evidente que la democracia no ha resuelto todos los problemas; lo que no es obvio es qué alternativa existe. El dos de julio de 2000 cambió a México en muchos sentidos, pero no resolvió todos sus problemas, pues ningún evento individual podía hacerlo. El país transitó de una era dominada por el Ejecutivo a una etapa de mayor paridad entre los poderes públicos. A la vez y dada la naturaleza del sistema político anterior, el triunfo de un partido distinto al PRI vino acompañado de un efecto que se podría ilustrar, metafóricamente, con el estallido de una olla express a alta temperatura.
Una vez que los goznes que sostienen la tapa de la olla, todo comienza a cambiar. Las transformaciones han sido múltiples: en la relación entre los gobernadores y la federación y en el activismo de políticos y grupos que antes con dificultad asomaban la cabeza. Por supuesto, mucho de esto ya venía cocinándose; basta recordar el desempeño del Congreso a partir de 1997, cuyo impacto sobre la política mexicana es imposible de minimizar.
En cierta forma, la democracia abrió ingentes oportunidades a los políticos, oportunidades que muchos de ellos jamás imaginaron tener. Éstas, es cierto, no se limitaron exclusivamente al ámbito político: la ciudadanía también obtuvo su parte, pero a cada uno le tocó uno lado distinto del embudo.
El rompimiento del sistema presidencialista transformó la manera de hacer política. El solo hecho de que ahora se manifiesten públicamente decenas de aspirantes (algunos dirían suspirantes) a la Presidencia, es una muestra fehaciente de cuanto ha cambiado. Mientras que en el pasado el presidente se dedicaba a administrar y manipular el proceso político para intentar imponer a su candidato, hoy la disputa entre precandidatos, en todos los partidos, es no sólo pública, sino con frecuencia violenta a un punto que afecta a todo el acontecer nacional, como ilustran las disputas por las candidaturas en los estados y los balazos de la semana pasada.
Por lo que toca al Congreso, diputados y senadores se sienten libres de manifestar sus preferencias, votar según su “conciencia” y oponerse a políticas o iniciativas que antes hubieran sido aprobadas sin chistar. Quizá más significativo sea el hecho de que los políticos pueden demandarse, acudir a la Suprema Corte de Justicia y dirimir sus diferencias a través de un sistema de justicia que, a ese nivel, funciona tal y como lo establece la Constitución: de manera expedita e imparcial.
En otras palabras, la democracia ha florecido de manera prodigiosa en el mundo de los políticos. No hay duda que el fin del presidencialismo también ha beneficiado a la población, aunque de manera muy distinta. Para comenzar, ha desaparecido el abuso máximo: aquel que podía alterar el orden establecido con la fuerza de un plumazo o una declaración.
Se dice fácil, pero la capacidad de modificar todas las variables que afectan a una sociedad de la noche a la mañana, como ocurrió con la expropiación bancaria, es inconcebible en la actualidad. Aunque para el ciudadano común y corriente es difícil asir las implicaciones de este cambio, su importancia no es menor. Pero la democracia también ha venido acompañada de otros cambios significativos que no sólo no han mejorado la calidad de vida de la población, sino que en muchos casos han hecho mucho más onerosa su existencia.
La proliferación de autoridades que se sienten con derechos y, peor, con la necesidad de dejar su marca en el espacio temporal, ha tenido por consecuencia que el ciudadano lidie con múltiples niveles de autoridad para poder resolver un determinado asunto. Mientras que antes la autoridad federal era suprema, hoy un ciudadano tiene que negociar con distintas secretarías, cada una de las cuales le imprime un sesgo y un criterio distinto a sus decisiones, con autoridades autónomas (como podría ser, en el ámbito económico, la Comisión Federal de Competencia), con autoridades estatales y municipales.
Cada una de ellas posee responsabilidades que no siempre se encuentran debidamente deslindadas. En todo caso, el sueño de una ventanilla única para la realización de trámites es cada vez más distante. Por si lo anterior no fuera suficiente, muchas de esas autoridades cuentan con facultades que las convierten en juez y parte, además de que los ministerios públicos son parte del Poder Ejecutivo en cada nivel, lo que deja al ciudadano colgado de la brocha.
La democracia ha traído consigo enormes ventajas, pero con frecuencia también ha dejado al ciudadano atorado en un callejón sin salida. Desde la perspectiva de la sociedad mexicana, el advenimiento de los cambios políticos, tanto los de 1997 como los de 2000, abrió enormes expectativas pero pocas soluciones. La democracia que celebran los políticos no se ha visto reflejada en el ámbito ciudadano y la Reforma Electoral que se discute estos días va a distanciar todavía más a unos de los otros.
Además, todo este proceso de cambio político ha coincidido con una etapa recesiva en la economía que ha evidenciado todas las carencias, deficiencias estructurales e impedimentos que enfrenta el desarrollo económico del país, que no sólo han dejado insatisfechas las expectativas de la población, sino que la han entrampado en interminables círculos viciosos. La ciudadanía siempre ha enfrentado obstáculos para el desarrollo de su vida cotidiana, pero nunca antes se le había hecho una propuesta democrática y sólo ahora vivimos bajo un régimen producto de la alternancia de partidos en el poder.
Una estructura democrática debería incidir sobre la realidad a través de una mejor representación y mayor representatividad de la ciudadanía en el ámbito legislativo. Sin embargo, lo que se ha venido afianzando en nuestro sistema político actual, es una partidocracia que ignora a la ciudadanía, dado que su financiamiento está garantizado y que su estructura la ha hecho inmune al sentir o demandas de la población. En ausencia de un liderazgo visionario y de un Poder Legislativo concentrado en las necesidades de la próxima generación de mexicanos, sólo un cabal Estado de Derecho podría garantizar el interés de la ciudadanía. Nada de eso parece cercano en la actualidad. La combinación de un Congreso paralizado con ejecutivos estatales que, con frecuencia, se comportan más como señores feudales que como gobernantes sujetos a rendición de cuentas y de un Gobierno indeciso y descoordinado, ha socavado las políticas públicas que podrían allanar el camino para la inversión y la creación de empleos, elevar la competitividad del país o conferir de instrumentos a la ciudadanía para elevar sus propias capacidades.
Nada de esto es nuevo, pero todo se ha hecho más difícil luego de 2000. Para colmo, la inseguridad pública, tema que enfrenta a distintos niveles de autoridad gubernamental, y la ausencia de un Poder Judicial que efectivamente sirva a las necesidades de una sociedad que aspira a la modernidad o de una economía que requiere soluciones y acciones expeditas, son también resultado de un proceso de cambio político incompleto, no administrado y propenso a pugnas interminables.
Total que el ciudadano común y corriente, quien debería ser el beneficiario del cambio político, ha acabado siendo el gran perdedor. La situación económica de los últimos años no ha ayudado. Junto a la incapacidad de muchos empresarios, sobre todo de menor tamaño, que no se ajustan a los requerimientos de un mundo competitivo, destaca la inexistencia de programas gubernamentales orientados a ese objetivo y la falta de acción legislativa. Estos factores han profundizado la recesión e impedido una recuperación vigorosa tanto del mercado interno como de las exportaciones. Los miedos entre la población, la sensación de impotencia y la percepción de que todo -el país y las personas- está entrampado y sin salidas, se encuentran a la orden del día. Evidentemente existen salidas que no requieren una imaginación particularmente fecunda, pero el entorno general propicia un ambiente en el cual las salidas no se perciben, en tanto que los obstáculos crecen. Mientras todo esto sucede, los políticos avanzan sus causas prácticamente sin límite.
La pregunta es quién representa a la ciudadanía y se preocupa por sus problemas. La solución que políticos y académicos discuten se resume en una reforma de las instituciones políticas con el objeto de hacerlas efectivas y funcionales. Es decir, modificar la manera en que se eligen e interactúan los legisladores, incentivar la formación de mayorías legislativas y demás, a fin de que sea posible gobernar mejor. En teoría, todo esto tiene sentido y obviamente, es necesario. Sin embargo, a juzgar por las propuestas que han sido verbalizadas recientemente, los políticos no parecen pensar en la ciudadanía ni impulsan un proyecto que logre lo esencial: que todo en el país funcione para beneficio de la población, ya sea en su calidad de votante o ciudadano. Aunque los políticos encabezan las instituciones y se disputan los puestos de (supuesta) representación, ellos no son el país. Así como un maestro no lo es a menos que tenga alumnos, los políticos no están solos. Sin ciudadanos, los gobernantes, al menos en una democracia que se respete, son irrelevantes.
La función objetivo de un Gobierno debe ser la ciudadanía. Y la ciudadanía mexicana se siente y está entrampada por inacción política. Es ahí donde deben ponerse los kilos, pues lo demás es anécdota. www.cidac.org
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